Se da una situación “idónea” para denunciar los contratos temporales

Si un contrato temporal afectado durante estos meses por un ERTE, es denunciado y declarado en fraude de ley, además de pagar mayor indemnización por el despido, la empresa deberá devolver las cotizaciones a la Seguridad Social “perdonadas”. Nueve de cada diez nuevas contrataciones son temporales, y casi todas están hechas en fraude de ley.

Desde el mes de marzo de este año, con la situación creada por el COVID-19, muchas empresas han ido finalizando los contratos temporales que tenían suscritos con sus plantillas sin renovarlos, rechazando prorrogarlos o convertirlos en indefinidos. De esta forma, se han agarrado a una solución, “a priori” legal, como alternativa a los despidos.

El gobierno ha decretado que no se pueden efectuar despidos justificados en la situación creada por el COVID-19, pero no prohibió las finalizaciones de contratos. Lo único que dijo es que si una empresa manda a un eventual a un ERTE, se le retrasa la finalización del contrato. De esto se deduce que un porcentaje del aumento del paro corresponde a contratos temporales que no se han renovado.

La contratación temporal supone alrededor del 90% de las nuevas contrataciones que cada año se efectúan en las empresas, y además se estima que un 80% de estos contratos se han hecho en fraude de ley, esto es, que deberían haberse realizado como indefinidos y no como temporales.

Si se denuncia mientras el contrato está en vigor y se gana, se consigue la conversión en indefinido. Y si en cambio se denuncia una vez finalizado, se logra una mayor indemnización al ser considerado un despido improcedente. El problema es que la mayoría de las veces el trabajador o trabajadora no denuncia, ya sea por miedo a ser despedido, o por la esperanza de que les vuelvan a llamar.

Las empresas podrían sufrir una “doble penalización” si estos contratos se denuncian.

Con la regulación de los ERTES por COVID-19, las empresas no han tenido que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas afectadas, que suponen algo más del 30% del salario. Ahora bien, el gobierno ha puesto requisitos a las empresas. Deben mantener el empleo durante 6 meses, ya que si despiden de forma objetiva o improcedente a esta persona, tienen que pagar a la Seguridad Social esas cotizaciones “perdonadas”. Sin embargo, este requisito no afecta a las finalizaciones de contratos temporales, y pueden mandar al ERTE a una persona temporal, y una vez terminado el ERTE, cuando llegue la fecha fin del contrato, extinguir la relación laboral sin tener que devolver estas cotizaciones.

Si el trabajador o trabajadora denuncia y la contratación se declara en fraude de ley, el efecto es el reconocimiento de despido improcedente, una mayor indemnización para el trabajador o trabajadora, y la obligatoriedad de pagar esas cotizaciones. Esto puede suponer una “doble penalización” para las empresas, y por ello creemos que es el momento de insistir en la denuncia de estos contratos.

Por ello, esta situación es la idónea para salvar el miedo a la denuncia. Las empresas van a tratar de adelgazar sus plantillas finalizando los contratos temporales, tanto eventuales como por obra o servicio. Y la esperanza de volver a ser llamados a trabajar en un futuro cercano, con los tiempos que corren, es más una ilusión que una realidad. Por tanto, ya no debe haber excusas para no denunciar.

Animamos a los y las trabajadoras, como primer paso, a informarse de la situación de su contrato, para en un segundo paso interponer la correspondiente demanda. En primer lugar, porque hay unos derechos que se han visto vulnerados. Y en segundo lugar, porque no podemos consentir que empresas que incumplen la normativa se aprovechen de bonificaciones y subvenciones que, al final, pagamos todos y todas.