DXC condenada a abonar 20.000 euros a CGT por vulnerar el derecho a huelga

DXC condenada a abonar 20.000 euros a CGT por vulnerar el derecho a huelga

El pasado 8 de enero de 2026, el Juzgado de lo Social de Zaragoza dictó una sentencia en la que se reconoce que la empresa DXC Outsourcing vulneró el derecho fundamental a la huelga durante las siete jornadas de huelga convocadas en 2024 en defensa del poder adquisitivo de la plantilla. El tribunal ha impuesto a la empresa una indemnización de 20.000 € a favor de la sección sindical de la CGT, en concepto de compensación por la conducta ilícita acreditada en el procedimiento. 

La sentencia, de 28 páginas, concluye que DXC incurrió en esquirolaje interno, al reasignar funciones a personal directivo y otros trabajadores con el objetivo de reducir el impacto de la huelga — una práctica expresamente prohibida por el artículo 6.5 del Real Decreto-Ley 17/1977 y avalada por la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo. 

Aunque esta resolución aún es susceptible de recurso, todos los indicios legales señalan que la empresa afronta dificultades para revertirla. Parte de la cantidad establecida será destinada a fortalecer las cajas de resistencia y apoyar a quienes han ejercido legítimamente su derecho de huelga. 

Valoración de CGT

CGT reitera que esta no es una resolución aislada: DXC ya fue sancionada en varias ocasiones por hechos análogos y existen nuevos procedimientos en curso derivados de las huelgas de 2023 y 2024. Asimismo, se mantienen acciones por vulneraciones adicionales de derechos fundamentales, como la libertad sindical y la negociación colectiva. 

Desde nuestra organización subrayamos que el respeto a los derechos constitucionales no es una concesión empresarial, sino una obligación jurídica que debe ser cumplida sin ambigüedades. La reiteración de conductas contrarias a la normativa laboral y constitucional revela una preocupante persistencia en prácticas que menoscaban los mecanismos de resistencia y movilización de la clase trabajadora. 

Frente a esta situación, CGT seguirá utilizando todos los instrumentos legales y organizativos disponibles para defender los derechos e intereses de la plantilla.