La Constitución española celebra su 45 aniversario con un aspecto casi idéntico al de su nacimiento. Salvo por un par de reformas, el texto de la Carta Magna sigue siendo a día de hoy igual que el original. La Constitución se redactó en una coyuntura muy concreta en un país que amanecía tras cuatro décadas de terrible dictadura. Fue el resultado de esa “correlación de debilidades” de la que hablaba Manuel Vázquez Montalbán para referirse a la Transición.

ALBERTO SIN

En la elaboración del texto constitucional, uno de los aspectos en el que fue más complejo alcanzar acuerdos fue el que dio como resultado la redacción del artículo 27, regulador del Derecho a la Educación. Por un lado, desde sectores conservadores se defendía que la enseñanza privada de carácter religioso siguiese siendo la pieza fundamental del sistema educativo, como lo había sido durante la dictadura. Por su parte, las fuerzas progresistas, centraron sus reivindicaciones en garantizar una red escuelas públicas que diese respuesta a las nuevas necesidades de escolarización.

Estas posturas, en algunos puntos excluyentes entre sí, no permitieron alcanzar un consenso, por lo que se optó por redactar un artículo con un pretendido carácter abierto. Esta ambigüedad favoreció a las posturas conservadoras permitiendo, en la práctica, la generalización de la financiación con dinero público de una red privada de centros, la mayoría propiedad de la Iglesia Católica.

En el debate sobre el Anteproyecto constitucional algunas voces, como la de diputada del PCE Pilar Brabo, defendieron una redacción menos ambigua del artículo 27. En una enmienda al anteproyecto constitucional, pidió que el texto puntualizase que los poderes públicos “podrían ayudar” (en lugar del “ayudarán” de la redacción definitiva”) a determinados centros docentes. Previsiblemente, ese matiz hubiese dificultado posteriormente el riego con dinero público a centros privados como vienen haciendo desde entonces los gobernantes al amparo de la judicatura.
Lo cierto es que la redacción final del artículo 27 dio encaje a la financiación con dinero público de centros privados.

Sin embargo, en ningún momento se recoge en el artículo, de manera explícita, la obligatoriedad de dicha financiación, por lo que el sostenimiento de ese modelo sigue siendo, en última instancia, un asunto de voluntad política. De hecho, la ambigüedad en la redacción de dicho artículo permitiría también no destinar ni un solo euro de dinero público a los centros privados, si así lo decidiese algún gobierno.

Incluso, al amparo de la Constitución, podría aplicarse el Art. 128 para nacionalizar esos centros privados que llevan décadas recibiendo dinero público, en muchos casos incluso incumpliendo la propia legislación que dio origen a su financiación.

El contexto político actual no parece muy halagüeño a este respecto, principalmente por dos motivos. El primer de ellos es la evidencia de que no existe en el Congreso de los Diputados una mayoría progresista, el Gobierno PSOE-Sumar ha necesitado del voto favorable de diputados de partidos de derechas para conformarse. El segundo escollo, es el propio acuerdo de gobierno entre estos dos partidos. Si lo analizamos pormenorizadamente observamos que, a pesar de que habla de apostar por “reforzar decididamente la educación pública” recoge la “actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados” (es decir, más dinero para los centros privados subvencionados).

En definitiva, parece que la falta de voluntad política del nuevo Gobierno va a impedir de nuevo la posibilidad de un verdadero cambio en el sistema educativo en lo referente a la titularidad de los centros escolares. Si nadie levanta la voz, dentro o fuera del ejecutivo, se seguirá financiando con dinero público a los centros privados, la mayoría propiedad de la Iglesia, aun a sabiendas de que la existencia de esta red de centros privados subvencionados es el factor fundamental de segregación educativa en el Estado español. Cuarenta y cinco años después se demuestra que algunos dejaron atado y bien atado el modelo de país que querían legar a las siguientes generaciones.

Este artículo fue originalmente publicado en el diariodelaeducacion.com