Ya es el segundo curso escolar gestionado por el gobierno PSOE-CHA y seguimos sin que el Departamento de Educación tome medidas que apuesten verdaderamente por la Escuela Pública, y deje a la privada como subsidiaria.

Una nueva prueba de ello la tuvimos esta semana pasada en la comisión de garantí­as de escolarización de Zaragoza para Infantil y primaria, en la que la administración comunicó el cierre de once o doce unidades de tres años (está por ver el número definitivo), todas en centros públicos (Hermanos Marx, Rí­o Ebro, Parque Goya, Zalfonada, San Braulio, Espartidero, La Estrella, Miraflores, Camón Aznar, Marcos Frechí­n y Arco Sur.

Desde CGT seguiremos reclamando a la administración que abra todas las unidades en centros públicos que éstos puedan albergar y solo se concierten unidades en centros privados en aquellas zonas dónde los centros públicos se ven incapaces de asumir toda la demanda. Ese debe ser el criterio para la apertura y el cierre de unidades.
Esta medida es imprescindible para cumplir la promesa que el PSOE llevaba en su programa electoral: «Recuperar, restablecer e impulsar un modelo educativo público, integrador, democrático y participativo». Este propósito no se está cumpliendo, y la administración autonómica sigue gastando dinero público en concertar aulas que no son necesarias ya que en las zonas hay espacio para aulas públicas.

Pero hay más razones que la racionalización del gasto público en educación para exigir un cambio de polí­tica que priorice la escuela pública, por ejemplo terminar con la selección elitista de los centros concertados que está reproduciendo una estructura totalmente clasista.

Recalcar que la administración educativa ya faltó a su compromiso con la escuela pública al no ofertar en este proceso de escolarización todas las unidades que los centros públicos podí­an albergar, tal y como la propia administración dijo que harí­a y que quedó reflejada en el acta de dicha comisión del 13 de abril, en la cual se dice:

«Con respecto a la oferta de grupos, se han recuperado las 23 unidades de Educación Infantil que se habí­an ido suprimiendo en años anteriores. Es la oferta máxima potencial. Se sale con todas las unidades que permiten las infraestructuras de los centros. Al final del proceso se harán los ajustes que se tengan que hacer en función de las necesidades de escolarización».

A pesar de ello, no se ofertaron, ni mucho menos, todas las unidades que permiten las infraestructuras de los centros. Esa oferta de unidades públicas, mutilada ya en la oferta de la administración como decimos, ha sido reducida de nuevo en once o doce unidades, a pesar de que en prácticamente todos los casos hay en la misma zona de escolarización aulas que la administración concierta a colegios privados, la inmensa mayorí­a gestionados por órdenes religiosas.

Desde CGT exigimos un cambio de rumbo en la polí­tica educativa del gobierno PSOE-CHA, que, en primer lugar permita ofertar todas las unidades públicas que los centros pueden albergar, y en segundo lugar, solo concierte unidades en centros privados si la oferta en la zona es insuficiente, es decir que si hay que cerrar aulas en zonas con descenso de natalidad, se dejen de concertar aulas en lugar de cerrar colegios públicos.