Aunque no son los únicos, los docentes son responsables en buena medida de identificar las situaciones de bullying en los centros escolares, pero no reciben formación reglada para ello ni se evalúan sus aptitudes en las oposiciones.

DANIEL SÁNCHEZ CABALLERO

En el centro no tenían constancia –a nivel institucional–, pero otros alumnos han contado que el menor que este jueves apuñaló a dos compañeros y tres profesores en un instituto de Jerez de la Frontera (Cádiz) sufría acoso escolar. A falta de una versión oficial, el niño (14 años) le habría dicho a la policía al ser detenido: “No podía más… he estallado”. Otros colegiales relataron que había tenido un incidente el día anterior, cuando algún estudiante le tiró agua encima. Todo el mundo lo sabía, pero nadie dijo (ni hizo) nada al respecto.

Las miradas se han puesto en el centro por no haber detectado ese supuesto bullying, mientras los sindicatos docentes y expertos piden que se tomen medidas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Sostienen que faltan recursos para gestionar este tipo de situaciones y recuerdan que no se puede poner todo el peso en el profesorado, que no tiene la formación especializada que requieren estos conflictos.

“Creo que como sociedad responsabilizamos o le pedimos a los profesores que ejerzan demasiadas funciones. Cada vez les pedimos más”, explicaba a este diario Graciela Sánchez, responsable del Departamento de Educación de la Fundación Anar con motivo de la presentación del informe de la organización sobre acoso escolar. Esta experta afirmaba que la prevención del acoso, supuesto detonante de la situación vivida en Jerez, es cosa de todos: “Vivimos en una sociedad muy individualista, nos da igual lo que le pase al de al lado. Si seguimos fomentando que cada uno vaya a lo suyo, el acoso va a campar a sus anchas porque se produce justo por la ley del silencio. Nosotros queremos transmitir que lo que le pasa al de al lado, aunque no sea tu amigo, te compromete como persona y debes hacer algo”.

En este caso de Jerez de la Frontera, se juntan varios elementos que preocupan, y mucho, en las escuelas. Y que no acaban de estar resueltos. Acoso escolar, convivencia y salud mental (“hay algo que no ha sabido gestionar” el alumno, dijo el presidente del AMPA del centro) han confluido en una situación que acabó siendo extrema y en la que pudo haber influido, sobre todo en el inicio del supuesto acoso, que el agresor tenga necesidades educativas especiales derivadas de un síndrome de Asperger.

Vuelta a clase con orientadores

Este viernes, el alumnado del IES Elena García Armada de Jerez de la Frontera ha vuelto a clase, pero lo han hecho más tarde y con tutores de orientación que les ayuden a recuperar la normalidad. Unos orientadores, recuerda Ana Cobos, presidenta de la asociación de orientadores Copoe, que en general brillan por su escasez en el sistema.

“Casos como este seguramente podrían haberse atendido mejor con más orientadores y más atención de las personas implicadas”, opina. Según Cobos, España tiene un tercio de los profesionales con este perfil que necesitaría. La UNESCO calcula que cada orientador debe atender a una población de 250 estudiantes. En España, a falta de cifras oficiales (en un sistema que lo mide todo), Copoe calcula que hay uno por cada 800.

“Si en un IES de 400 alumnos hay cuatro profesores de matemáticas y un orientador y en uno de 800 alumnos hay ocho profesores de mates y sigue habiendo un solo orientador. ¿Esto a qué lógica obedece?”, pregunta retóricamente.

Dejando de lado su labor de orientación académico-laboral, estos profesionales se ocupan tanto la acción tutorial como la atención a la diversidad. “Junto a los tutores, trabajamos aspectos relacionados con el bienestar”, detalla Cobos. “Prevención del consumo de drogas, educación afectivo-sexual, respeto a la identidad de género, pero también atención a la diversidad, atención temprana a las necesidades educativas… Trabajamos todo lo que es gestión emocional, la salud mental es muy importante y si los problemas se detectan a tiempo se puede prevenir mucho”, dice.

Porque el profesorado no está formado para atender esa salud mental. O puede estarlo, pero en ese caso será porque así lo ha decidido cada uno libremente. Ni es obligatorio ni se evalúa en las oposiciones, centradas totalmente en lo curricular, pese a que la ley habla de una educación integral más allá de la mera instrucción. Ni en el caso más extremo se piden conocimientos para trabajar en centros de escolarización preferente de alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), según cuentan los propios docentes.

“Es importante que el profesorado sepa algo de psicopedagogía para prevenir, abordar, detectar si hay problemas. Y luego igual no tiene que ser él quien lo aborde, pero sí que lo pueda derivar a los servicios sanitarios de salud mental”, opina Cobos.

Lo explicaba el director de instituto Toni Solano en una entrevista reciente con este medio: “Le estamos cargando a la escuela muchas cosas que corresponden a servicios sociales o sanitarios. [Los docentes] no somos capaces de diagnosticar. Tiene que venir un profesional a darnos pautas. Nosotros podemos ver cosas raras, pero no podemos hacer de falsos psicólogos, porque igual hacemos algo pensando que está bien pero podemos hundir a un chaval. Hace falta más intervención especializada en los centros”. “Tendría que haber un psiquiatra que pase al menos una vez a la semana, hay chavales que necesitan terapia. Y no vale decir que eso existe fuera, porque la psiquiatría infantil está desbordadísima y le dan cita en cuatro meses. Pero tú tienes un chaval que igual se ha intentado quitar la vida. Te dicen: ‘Vigílalo’. ¿Qué le ponemos, una persona a su lado todo el día? ¿A quién? ¿Un profesor? Esto requiere personal especializado, y no de educación, de otros ámbitos”, reflexionaba.

“Andalucía tiene el peor protocolo”

De vuelta a Jerez de la Frontera, hay quien sí cree que había señales suficientes para que el profesorado hubiera intervenido. Pablo Duchement, docente en Canarias, perito judicial especializado en acoso y autor del libro Te espero a la salida, opina que el incidente con el agua “es un acto bastante visible” de acoso en un momento del curso especialmente proclive a que se den estos casos, según su experiencia, y que debería haber provocado la apertura del protocolo.

Pero Duchement va más allá del profesorado, al que tampoco quiere señalar. “No es munición contra mis compañeros”, aclara. El objeto de su atención es la Junta de Andalucía, que según advirtió este experto el pasado mes de marzo tiene el peor protocolo contra el acoso de España.

En un análisis comparativo, Duchement explicaba que el PACAE (Protocolos de Actuación Contra el Acoso Escolar) andaluz incluye requisitos extra para considerar una determinada situación acoso. Por ejemplo, que la víctima sea “un solo alumno” o el “componente colectivo o grupal” de los agresores. Duchement critica la indefinición de hablar de “acción agresiva que se repite en el tiempo”, sin especificar qué es una “acción agresiva” o explicar la alusión temporal. “¿Dos veces es suficiente reiteración? ¿Y si suceden dos veces en cuatro cursos?”, se pregunta.

Este artículo fue originalmente publicado en eldiario.es