CGT  ha recurrido ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos los pliegos para la subcontratación de la gestión del Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Juslibol , después de que en los nuevos pliegos el IASS incorporará la figura de Auxiliar Técnico Educativo (ATE). Dicha categoría desapareció en los pliegos del 2006 ya que se consideraba que no garantizaba la formación y experiencia mínimas para el desempeño de las tareas propias de la formación educativa, exigiendo al 100% de los educadores que en ese momento trabajaban en el Centro la titulación o habilitación en el grado Universitario en Educación Social.

Después que en el 2021 gran parte del año, la plantilla de este centro tuviera que soportar una ocupación del 130% de las plazas que marcaba el pliego, el IASS ha considerado oportuno pasar de 40 plazas destinadas a Justicia juvenil a 45 sin incrementar el número de educadores. Como «refuerzo» se incorpora a un ATE trabajador que por su formación y según marca el IV convenio estatal y el propio pliego tiene que estar siempre bajo la supervisión de un educador con lo que la intención de reforzar no es tal.

CGT denuncia que la inclusión de esta categoría profesional por parte del IASS puede venir a justificar políticas de precariedad laboral ya que el trabajo diario de un ATE y un Educador se ven solapadas y ya en su momento se consideró como categoría extinguida.

En el 2021 el Defensor del Pueblo realizó un informe sobre el CEIMJ y concretamente en el apartado 14. Relativo al Personal, hace referencia al incremento de la carga de trabajo del personal que compone la plantilla tras el aumento de ocupación de menores en el centro, textualmente dispone el informe que dicha circunstancia “compromete una correcta intervención con las personas menores”.

El recurso presentado por CGT también incluye la no revisión del IPC en las cuantías anuales para gestionar el mencionado centro. Consideramos que al no contemplar la subida del IPC en este pliego el IASS colabora en que la situación de precariedad laboral que sufre la atención en centros de menores de la comunidad autónoma de Aragón se cronifique y la atención a los usuarios no se haga de la manera más estable, menospreciando la importancia que tiene para los usuarios de los centros de menores mantener referentes educativos estables y con experiencia.

La atención de estos centros de menores, en su gran mayoría, están subcontratados a diferentes empresas y fundaciones donde la defensa de la profesión no es una de sus prioridades. Un Convenio de referencia donde las tablas salariales son precarias y la ausencia de un Convenio autonómico hacen que la rotación de estas plantas sea muy grande.

A nuestro recurso hay que añadir el recurso del Comité de empresa de FAIM (empresa que gestiona el centro en la actualidad).