La comunidad educativa aragonesa vive, entre el miedo y el desconcierto, la vuelta al régimen de presencialidad total en todos los centros educativos de nuestra comunidad. Si la medida ordenada por la administración educativa aragonesa dirigida por Felipe Faci ya resultaba más que discutible con los datos de evolución de la pandemia de cuando se tomó dicha medida, los nuevos datos y previsiones para los próximos meses han convertido la imposición del Sr. Faci en un delirio vergonzante.

Desde CGT se ha denunciado desde el inicio de la pandemia la irresponsabilidad, la incapacidad y el «trilerismo» político del Sr. Faci cuando lo que está en juego es la salud y las vidas de quienes formamos parte de la comunidad educativa. Las consecuencias en la salud no solo de ésta última sino también de la población en general que puede tener la vuelta a la presencialidad total en las circunstancias actuales y sin los medios necesarios produce escalofríos.

¿Por qué se somete a la comunidad educativa a una medida como esta cuando todos los indicadores apuntan a un empeoramiento de la curva de contagios y de muertes con coronavirus? ¿Por qué se toma una medida de tal calibre cuando en el resto del Estado español se camina en sentido contrario? Así, por ejemplo, la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso —paradigma de incapacidad política y quien sabe si de algo más— no permititirá grupos estables de más de 20 alumnos y alumnas. El País Vasco impondrá protocolos más exhaustivos en las escuelas. Catalunya y Canarias por su parte, han retrasado la vuelta a las aulas, así como Andalucía, que reiniciará las clases el día 11 de enero. La escuela aragonesa, por obra y milagro del Sr. Faci, al parecer, is different.

Con fecha 2 de enero, se anunciaba que el lunes 4 Aragón volvería al nivel 3 de alerta agravado, el más restrictivo, ampliando las restricciones en bares, terrazas o actividades culturales. Sira Repollés, consejera de Sanidad, declaraba: «…esta semana ha sido devastadora y las cifras se han triplicado en siete días». Un dato que no tiene en cuenta, según informa El Periódico de Aragón, «la repercusión de la Nochevieja en forma de contagios». ¿No se supone que los departamentos de educación y sanidad trabajan conjuntamente? ¿Qué piensa Ripollés acerca de las medidas impuestas por su compañero Felipe Faci? ¿Qué criterios utiliza el Sr. Faci a la hora de tomar medidas que ponen en riesgo nuestras vidas si no son los estrictamente sanitarios?

El mantra de que los colegios son seguros nos lo han repetido hasta la saciedad desde lo púlpitos de las ruedas de prensa dirigidas a un periodismo centrado en ser únicamente correa de transmisión del poder. Quienes conocemos la realidad de lo que está sucediendo en las escuelas sabemos éstas están muy lejos de ser los oasis de calma y seguridad que pretenden hacernos creer.

Por todas estas razones CGT insta al Sr. Faci y al Departamento de Educación a:

1) Retrasar el reinicio de las clases tal y como se ha va a hacer en otras comunidades.

2) No imponer la presencialidad total si no va acompañada de ratios más bajas, de contratación de más profesorado y de más espacios que cumplan con la normativa sanitaria y laboral. Volver a la misma sin que haya cambios en ese sentido supone una huida hacia adelante del departamento de educación que puede tener consecuencias fatales.

Aún hay tiempo para rectificar, Sr. Faci. Le proponemos, incluso, un argumento para hacerlo sin caer en el bochorno: «Las circunstancias de la pandemia cambian a gran velocidad y nuestras decisiones deben hacerlo con ellas». Quizá le sirva también para dar un nuevo giro a la política que ha desarrollado en los últimos meses y, por fin, su trabajo empiece a tener en cuenta la seguridad de la comunidad educativa y del resto de la población aragonesa.