CGT exige una auditoria externa que evalúe la situación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la DGA
CGT Enseñanza exige una auditoria externa que evalúe la situación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la DGA al considerar que incumple la normativa y
que su precariedad tiene graves consecuencias para el funcionariado docente.
El Gobierno de Aragón no protege a sus trabajadores y trabajadoras, e incumple de manera sistemática y grave la normativa sobre los recursos que debería dedicar a la prevención de
riesgos laborales.
CGT Enseñanza ha dado una rueda de prensa para denunciar la presuntamente ilegal situación en la que se encuentra el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la DGA.
La DGA dispone de un servicio de prevención propio formado por personal médico y de enfermería especializado en el mundo del trabajo y técnicos de prevención de riesgos
laborales, pero con recursos claramente insuficientes, ya que según el Real Decreto 843/2011, de obligado cumplimiento, cada 2000 trabajadores debe haber una unidad básica sanitaria, que
constará a jornada completa de un médico del trabajo y un enfermero del trabajo, y ya que hay más de 18 mil docentes en Aragón, debería haber cómo mínimo 9 unidades básicas sanitarias,
constituida cada una de ellas por 1 médica y 1 enfermero, cuando la realidad es que hay 2 médicas y 6 enfermeras, es decir 2 UBS completas, de las 9 que debería haber.
Siendo esto ya suficiente para denunciar esta situación, la realidad aún es más grave, ya que, “ese personal no se ocupa solo de los y las 18 000 docentes, sino también de los 12000 funcionarios y funcionarias de la administración general de DGA, es decir, un total de 30 mil funcionarias, para que según la normativa debería haber 15 UBS, y no solo 2, a lo que deberíamos añadir que se trata de 30 mil funcionarios distribuidos muy dispersamente geográficamente, al haber 1800 centros de trabajo (incluidos los casi 700 centros educativos), lo que, evidentemente, dificulta su atención.
Comparando con la dotación del Servicio de Prevención de DGA con el de otras instituciones que tienen también servicios de prevención propios, para ver la precariedad de la que estamos hablando, decir que el Ayuntamiento de Zaragoza, dispone 7 médicas y 6 enfermeras para 5800 trabajadoras, y a pesar de su escasa dispersión geográfica y su dotación de más de 1 médico por cada 1000 trabajadoras, no les sobra tiempo para realizar sus funciones, o el Servicio de Salud de Aragón, con 27 mil trabajadores aproximadamente, disponen de 17 médicos, somos conscientes de las escasez crónica de profesionales especialistas en Medicina del Trabajo en todo el sector público, pero esta situación disfuncional entre el volumen de tareas a realizar y el de personal que las realiza provoca además que hay dificultades en la cobertura de estas plazas, y que el personal médico se vayan a otras instituciones o empresas con mejores condiciones laborales, por ejemplo al ayuntamiento de Zaragoza.
Este servicio de prevención contaba antes del recorte de este gobierno con 3 médicas exclusivamente para educación, ahora hay no hay ninguna, el trabajo lo tienen que hacer las dos médicas que hay para todo el personal de la administración pública, es decir, antes había 5 médicas, 3 de ellas solo para educación, ahora solo 2. La precariedad es absoluta, ya que los médicos son quienes firman las adaptaciones de puestos de trabajo, o las bajas por embarazo de riesgo por ejemplo.
Las funciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales están en el Decreto 201/2018, no vamos a enumerar todas porque no acabaríamos pero sí que queremos mencionar las más
relevantes:
- asistencia diaria de primeros auxilios y la atención de urgencia a las y los trabajadores que lo necesiten en el Pignatelli,
- evaluación de riesgos de centros, puestos, condiciones de trabajo, ruido, riesgos psicosociales…,
- formación en RRLL a todo el funcionariado,
- adaptaciones de puesto de trabajo,
- evaluaciones de embarazos de riesgo,
- informes de evaluación de riesgos o de discapacidades,
- asistencia a diferentes comités,
- campañas de vacunación,
- diseño de los protocolos de los reconocimientos médicos y gestionar los mismos una vez realizados, tanto los aptos, como los no aptos, así como realizar las adaptaciones derivadas de los mismos
- gestión de los accidentes de trabajo,
- actualización de enfermedades profesionales….
Las consecuencias que la situación descrita tiene para el profesorado son diversas:
- no se pueda realizar realmente la prevención porque solo da para actuar de manera reactiva, y solo se puede actuar con lo más urgente.
- se dilatan e incumplen los plazos para numerosos procesos, desde la formación a las comisiones por acoso laboral, que pueden pasar meses desde que un docente denuncia hasta que se
reúne la comisión, a las resoluciones de adaptaciones de puestos de trabajo, está habiendo procesos que duran varios cursos, o las evaluaciones de prevención de riesgos laborales en los
centros, las cuales tardan también 3 o 4 cursos hasta que se terminan, o la gestión por ejemplo de las situaciones de embarazo de riesgo.
Desde CGT solicitamos una auditoria externa para que determine si el Gobierno de Aragón está cumpliendo o infringiendo la normativa vigente, en cuyo caso, no estaría protegiendo y sí poniendo en peligro la salud de sus trabajadores y trabajadoras.
Además exigimos que se doten de los recursos necesarios a los servicios de prevención del Gobierno de Aragón para que puedan cumplir con todas sus funciones, y añadimos que se sume a esas funciones la realización de los reconocimientos médicos, actualmente externalizados a MAS PREVENCIÓN, ya que ver presencialmente a sus “pacientes” es esencial para dar un servicio de calidad, y es que si diseñan los reconocimientos según puesto y característica de la persona, y son quienes, una vez realizado el reconocimiento, gestionan su resolución y las medidas a adoptar, parece lógico y positivo que sean también quienes realicen esos reconocimientos.
