NOTA: La posición de CGT Aragón-La Rioja Enseñanza al respecto de la nueva Ley de FP se puede consultar aquí.

La nueva norma de Formación Profesional va bien encaminada para aumentar el número de graduados en esta etapa como pretende el Gobierno, según algunos actores educativos, aunque otros advierten de que ahonda en la privatización de la FP

DANIEL SÁNCHEZ CABALLERO

Sucede cada vez que se aprueba una ley de Formación Profesional. “Le vamos a dar a la FP el impulso que se merece y que España necesita”, anuncia el ministerio de turno. Pero luego siempre pasa algo –normalmente falta de inversión– que deja los propósitos en papel mojado. Esta vez no ha sido menos: el Gobierno ha conseguido aprobar este miércoles en el Senado su nueva normativa tras rechazar todas las enmiendas presentadas y con más oposición de la esperada en principio –el PP ha votado en contra y se han abstenido Vox y ERC–, y promete situar esta etapa educativa en el centro del sistema formativo para cambiar de arriba abajo la configuración del cuerpo de trabajadores en el medio plazo.

Lo pide Europa y lo demanda un mercado laboral, sostienen desde Moncloa, que pese a contar con casi un 13% de parados (roza el 30% para los menores de 30 años) es incapaz de encontrar ciertos perfiles profesionales de carácter técnico. En el informe prospectivo sobre el futuro de España que presentó el Gobierno en mayo del año pasado, se destacaba la anomalía española respecto a lo poco popular que resulta la FP –solo uno de cada tres graduados en ESO elige esta etapa frente al 50% europeo– y la necesidad de engordar sus estadísticas: subir el número de titulados en la FP media y Bachillerato del 23% actual al 30% y en la superior del 11% al 17% para converger con nuestros vecinos de la UE.

Está pasando ya, el número de estudiantes ha crecido un 36% en menos de diez años hasta rozar el millón –nada como una crisis para que la gente busque formación–, pero queda camino por recorrer y sobre todo plazas por ofertar: decenas de miles de jóvenes se quedaron sin una en un centro público este verano, especialmente en Catalunya y Madrid.

Tenemos el objetivo, más FP, y la herramienta para lograrlo, una nueva ley que flexibiliza la etapa y aúna la Formación Profesional educativa y la Formación Profesional para el empleo en un único sistema, entre otras muchas medidas que puedes consultar aquí. Pero ¿es suficiente? ¿Es esta la normativa que de una vez por todas le va a dar la vuelta al sistema formativo español?

La respuesta, como casi siempre, podría ser que depende. “Esta ley, junto a otras cosas que están pasando, creo que sí va a ayudar a subir el porcentaje de titulados medios”, responde la pregunta directa Luis García Domínguez, director del centro público Puerta Bonita, en Madrid, y presidente de la Asociación FP Empresa, que representa a 400 centros públicos, concertados y privados. “Veremos si le acompaña lo que necesita una ley (un desarrollo legislativo adecuado y financiación adecuada), pero, si se hace, sí”, advierte, aunque matiza que él cree que la principal aportación de esta nueva ley no va a ser la educativa.

Hasta quienes rechazan el texto creen que al menos ese efecto sí va a tenerlo. “Debería servir para aumentar el porcentaje de personas formadas en FP”, concede Mariluz González, responsable de políticas educativas del sindicato STEs, “aunque ellos mismos están desprestigiando el grado superior al no permitir que sirva para dar docencia”. STEs rechaza la ley porque consideran que lleva a la etapa a una mayor privatización, a un mayor papel de la empresa, en un momento en el que los fondos de inversión han detectado un incipiente nicho de mercado ante la falta de plazas públicas.

Las Cámaras de Comercio hacen una valoración “muy positiva” precisamente de este mayor rol de las compañías en la etapa. “Por primera vez se reconoce a los organismos intermedios, como las Cámaras de Comercio, como interlocutores entre el mundo educativo y el empresarial, facilitando, especialmente, la participación de pymes y micropymes en el sistema”, destaca María Tosca, directora de Empleo, Formación y Emprendimiento de Cámara de Comercio España, poniendo sobre la mesa una de las cuestiones que pueden ejercer de tapón para el desarrollo de la FP: un tejido productivo que puede tener problemas para ofrecer prácticas a todos los estudiantes.

Una de las novedades de la nueva ley de FP es que incrementa con carácter general la carga de horas en las empresas, como destacan las Cámaras de Comercio. Las prácticas pasan de un 20% del total de horas a un mínimo del 25% en la vía general, que pasa a llamarse Dual y será la mayoritaria, y un 30% en la Dual intensiva. Y para esto hace falta que participen más empresas, que además deberán dedicar un tutor específico al estudiante. Y aquí pueden surgir problemas en una economía, como la española, en la que el 99% del tejido productivo lo componen pymes o micropymes que no tendrán excesivos recursos que dedicar a esta cuestión.

“Potenciar esta formación en alternancia entre el centro educativo y la empresa es una apuesta valiente y ambiciosa, pero también arriesgada”, coincide Guillem Salvans, senior project manager de la Fundación Bertelsmann, especializada en FP Dual. “Puede potenciar la FP Dual, pero también devaluarla porque necesitamos motivar a las suficientes empresas, a miles de ellas dispuestas a acoger estudiantes y formarlos, y si ponemos una barrera de entrada muy fuerte igual no entran, pero por otro lado necesitamos que lo hagan bien e incorporen elementos de calidad”, señala el fino equilibrio necesario. Tosca aboga por incentivos para las empresas.

García advierte de que tendrán que dedicar medios si quieren hacerlo bien. “No vale con una estancia formativa en prácticas, es otra cosa”, señala. “Se supone que hay unos elementos formativos con los que la empresa se tiene que comprometer, sobre todo en las empresas con flujos de trabajo y procesos complejos. Una grande puede dedicar parte de sus recursos a la formación, también de sus trabajadores, pero cuando hablamos de pymes o micropymes, empresas de uno o dos trabajadores, algo más hay que hacer porque la empresa no puede dejar de hacer lo que hace porque se incorpore un estudiante en formación” que requiera la atención de un tutor. “Las grandes empresas lo pueden hacer, en las pequeñas no lo veo”, vaticina.

Tosca, de las Cámaras de Comercio, señala esta circunstancia como una de las incógnitas “en las que todavía se debe profundizar”. “Es necesario definir una formación concreta para los tutores de empresa, para ayudarles y facilitar las tareas que conlleva su responsabilidad”, pide, “y queda por establecer un sistema de información e incentivos específicos para conseguir la máxima implicación de las pymes”, apunta, ideas ambas que comparte Salvans, de la Fundación Bertelsmann.

“Se desvirtúa la docencia si a los profesores se les exige una titulación universitaria pero a los tutores nada”, lamenta desde otra óptica González, de STEs. “Es una ley muy a favor de las empresas porque muchas de las prácticas que se hacían en centros educativos pasan a compañías. La FP Dual [que se generaliza con esta norma] en España no ha tenido mucho éxito hasta ahora (la cursa entre un 5% y un 10% del alumnado de FP). En Alemania sí porque hay grandes empresas; aquí, fuera de las grandes ciudades, no”, ahonda.

La FP para el empleo, la gran beneficiada

Con todo, García, de la Asociación FP Empresa, señala que la mayor aportación de la ley está en la FP para el empleo más que en la educativa, que, sostiene, no cambia tanto. La nueva norma aúna bajo el paraguas del Ministerio de Educación los dos sistemas de la Formación Profesional, hasta ahora separados. “La idea es que la FP permee las carreras profesionales de todos cuando haya que recualificar a los trabajadores o a la gente que está en paro, que se puedan optimizar los recursos de la red pública o sostenida con fondos públicos para que esa respuesta sea más rápida, más cercana”, explica el director. “Esto es lo que creo que puede modificar el paisaje que tenemos y ayudar a dos cuestiones fundamentales: la productividad de las empresas y el paro y la recualificación de las personas sin cualificar. Si esto se hace –y se ponen los medios que la ley apunta–, puede suponer un giro copernicano, y debería serlo a medio plazo”, augura.

La ley plantea microformaciones flexibles para trabajadores (de 100, 200, 300 horas) que no pueden embarcarse en un ciclo formativo completo y también realiza una fuerte apuesta por la acreditación de competencias profesionales adquiridas de manera informal –el Gobierno calcula que puede beneficiar a 3,3 millones de trabajadores– y por la orientación, una cuestión que no se lleva muchos titulares pero que los profesionales consideran básica.

“Tenemos que dar más información sobre las distintas etapas educativas”, explica García. “Hace falta una orientación que vaya más allá, necesitamos que esa explicación de la carrera académica y profesional sea más vivida que mirar una web. Estamos gastando mucho dinero en ofertar FP y muchos estudiantes escogen en función de sus gustos o las modas, pero eligen algo que acaba no gustándoles y lo dejan, y es un desperdicio de recursos. O cuando estás en el paro o quieres darle un giro a tu carrera profesional, ¿cómo te informas? Esa persona, de 25 o 30 años, está muy perdida. Tenemos muy disperso el sistema, la oficina del paro (el SEPE) está muy lejos de los centros educativos, podemos centralizar la orientación en los centros donde está la oferta educativa. La ley apunta esto, pero hay que poner los recursos. Si solo sacáramos esto adelante, ayudaría muchísimo a la gente a buscar una solución a sus problemas laborales”, cierra.

Las Cámaras de Comercio también valoran esta vertiente de la ley. “Garantizar la formación permanente a lo largo de toda la vida laboral de los trabajadores es la mejor forma también de garantizar la competitividad de nuestras compañías en un mercado global. La nueva ley potencia el carácter dual de la formación, y la FP se convierte en un elemento esencial para la modernización del mercado laboral”, señala Tosca.

En cualquier caso, recuerdan unos y otros, con las competencias transferidas a las comunidades, será responsabilidad de los Gobiernos regionales implementar la ley. Salvans apunta otro elemento fundamental. “Como ley orgánica, en la concreción de los detalles está la clave”, expone. “¿Qué es una formación individualizada para cada estudiante? ¿Quién y cómo va a hacer los seguimientos de las prácticas en las empresas? ¿Cómo se va a formar a los tutores de empresa?”, lanza las preguntas al viento.

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Los profesores técnicos sin título universitario, camino de la extinción

Los profesores técnicos sin título universitario que ejercen en la FP se sienten los grandes perdedores con la nueva ley. Este colectivo lo forman un número indeterminado de profesionales –no hay una cifra exacta, ellos calculan que son unos 10.000– que no tienen una carrera porque las especialidades en las que dan clase no tienen su traslación en los campus, como sucede en Peluquería o Cocina, y que se quedan en una especie de limbo a la espera de que se jubilen y este cuerpo de docentes desaparezca.

La FP es un ecosistema particular en cuanto a la docencia donde actualmente se mezclan profesores de Secundaria con los llamados profesores técnicos de la FP (PTFP). Este último colectivo lleva décadas reivindicando la equiparación de condiciones con sus compañeros de Secundaria –están en un cuerpo funcionarial inferior– bajo el argumento de que hacen el mismo trabajo. Para el grueso de estos 28.000 docentes, los que sí tienen un título universitario, se dará este ascenso de categoría: pasarán a ser A1, como los de Secundaria, que implica una subida salarial de unos 200 euros al mes y además mayores probabilidades de desarrollo de la carrera profesional. Para ellos ahora la urgencia es que esto suceda ya. “Necesitamos poder desarrollar nuestra carrera profesional. Yo ahora mismo o soy profesor o tengo que hacer otra oposición para mejorar. Si fuera un A1 podría acceder a jefaturas de servicio, de departamento o incluso a la condición de catedrático de instituto. Ahora no puedo, y es posible que tenga más formación que muchos compañeros de Secundaria”, explica Pablo de la Rocha, profesor técnico de FP en las Islas Baleares.

El resto irá a parar a un nuevo cuerpo docente, categoría A2, creado ad hoc para ellos. ¿Su futuro? Extinguirse. Los sindicatos han apoyado sus reivindicaciones, pero el Ministerio no se ha movido. “Quienes queden atrapados en el cuerpo a extinguir verán seriamente condicionados sus derechos en cuestiones tales como los concursos de traslados”, sostienen desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE).

Este artículo fue originalmente publicado en eldiario.es.