CGT Enseñanza Aragón denuncia prácticas autoritarias y de amedrentamiento desde la Inspección Educativa de Huesca
CGT Enseñanza Aragón quiere denunciar públicamente el clima de malestar debido a la presión y temor que, a juicio de este sindicato, se están generando por parte de algunos miembros de la Inspección Educativa y en diversos Centros Educativos Públicos de la provincia de Huesca y que, en opinión de este sindicato, guarda relación con determinadas actuaciones atribuibles a la actual Jefatura de Inspección de la provincia.
Durante los últimos meses hemos recibido numerosas quejas y testimonios de docentes y equipos directivos que relatan situaciones de presión indebida, trato intimidatorio, decisiones arbitrarias y formas de actuación alejadas del respeto institucional que debería regir cualquier relación dentro de la administración educativa, produciéndose actuaciones administrativas desproporcionadas en forma de apercibimientos e incluso de expedientes disciplinarios a delegados sindicales en el ejercicio de su labor, lo cual suscita serias dudas sobre el respeto a la libertad sindical y a la libertad de expresión por parte de la Inspección Educativa de Huesca.
Desde CGT Enseñanza Aragón consideramos especialmente grave el uso de la autoridad jerárquica para imponer criterios personales, generar miedo entre profesionales de la educación y dificultar la libertad de expresión y crítica dentro de los centros educativos.
Además, queremos denunciar que, en diferentes Mesas Sectoriales y espacios de representación sindical, cuando CGT Enseñanza Aragón ha intentado trasladar esta problemática y abrir un debate sobre la situación existente en la Inspección Educativa de Huesca, se ha impedido abordar el asunto o se ha tratado de evitar cualquier discusión al respecto.
Esta situación resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta que existen docentes que han manifestado su malestar, pero que han preferido no hacer públicas sus quejas por temor a posibles represalias. Ello está generando entre parte del profesorado la percepción de que formular críticas o señalar discrepancias puede acarrear consecuencias negativas.
Consideramos inaceptable que cuestiones que afectan al clima laboral, al funcionamiento democrático de la administración y al bienestar del personal educativo sean silenciadas o apartadas del debate sindical e institucional.
La Inspección Educativa debe ser una herramienta de apoyo, asesoramiento, acompañamiento y garantía del correcto funcionamiento del sistema educativo y no un instrumento al servicio de una Inspección que ha confundido autoridad con autoritarismo.
Especial preocupación genera el hecho de que, pese a las reiteradas peticiones formuladas por organizaciones sindicales, por la Junta de Personal Docente e incluso por las propias Cortes de Aragón, no se tenga constancia de que se haya realizado una investigación exhaustiva sobre las actuaciones denunciadas en relación con la Jefatura de Inspección de Huesca.
Resulta igualmente llamativo que sí se hayan producido actuaciones administrativas contra docentes que han cuestionado públicamente dichas actuaciones, lo cual genera preocupación e inquietud en esta organización sindical.
Asimismo, denunciamos la falta de mecanismos efectivos de supervisión y control frente a determinadas actuaciones que están deteriorando el clima laboral y afectando negativamente al funcionamiento ordinario de los centros educativos de la provincia.
CGT Enseñanza Aragón exige al Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón:
- Que investigue las situaciones denunciadas por distintos profesionales de ámbitos muy diversos de la Educación.
- Que garantice un funcionamiento transparente y respetuoso de la Inspección Educativa en toda la Comunidad.
- Que se proteja al personal docente frente a posibles represalias.
- Que se permita abordar esta problemática con libertad en los órganos de representación sindical.
- Que se promueva un modelo de inspección basado en el diálogo, la mediación y el respeto profesional.
La Educación Pública necesita espacios de trabajo seguros, democráticos y libres de presiones. Ningún cargo público debería utilizar su posición para generar situaciones de temor o limitar el ejercicio de la crítica profesional y sindical dentro de la Comunidad Educativa.
