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Al recreo, núm. 274: El “pin parental”: agitprop de ultraderecha

Martes 21 de enero de 2020, por FASE CGT

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En los últimos días, la propuesta del gobierno de Murcia (PP-Cs-Vox) de que las familias puedan censurar contenidos educativos ha alcanzado un gran recorrido en prensa y redes. Y sorprende que sea precisamente el gobierno regional de Murcia el que ocupe el escenario mediático, cuando su comunidad es la segunda con una mayor tasa de abandono escolar (más de un 24%). En lugar de propuestas orientadas a mejorar la educación de sus jóvenes, el gobierno presidido por Fernando López Miras toma como rehén su propio sistema público de educación para utilizarlo en su peculiar agitprop: agitación y propaganda.

Y es que el llamado “pin parental” no deja de ser una provocación más de una derecha desbocada que entiende la acción política como imposición. Ni tiene consistencia legal –vulnerando la libertad de cátedra, la Constitución, la Declaración de Derechos del Niño y la propia LOMCE aprobada unilateralmente por el PP-, ni responde a una demanda social. Es únicamente un instrumento más del agitprop de la ultraderecha que se alimenta de debates previamente viciados y que se resume en titulares delirantes y sensacionalistas cuyo objetivo es inundar la esfera pública de confusión y reforzar los prejuicios de sus acólitos. En definitiva, el llamado “pin parental” no deja de constituir una polémica impuesta por la derecha y la ultraderecha de Vox, que enmascara sus inconsistencias a través de debates ajenos a la realidad cotidiana.

Porque, después de todo, convendría que no nos olvidáramos que, lejos de pretender una mayor integración de las familias en la escuela, este tipo de propuestas tienen en el punto de mira la propia escuela pública. En esta política del espectáculo (gore) en la que tan a gusto navegan las derechas, la campaña del llamado “pin parental” no hace sino verter infundios y manipulaciones sobre el sistema educativo público y sus profesionales. Reaccionando airadamente ante una realidad que no existe y recreando sus propios fantasmas, la ultraderecha vuelve a poner en la diana a los y las docentes. Algo que, por otro lado, parece encontrarse incrustado en su código genético.

La educación pública es una garantía de ciudadanía y constituye un derecho fundamental. Es la razón frente al oscurantismo. El espíritu crítico –fundamento de una ciudadanía responsable- frente al conformismo. Es la inclusión frente a las políticas excluyentes. Es, en definitiva, la posibilidad de conocimiento frente a la cerrazón del prejuicio.

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