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5 razones para una huelga más que justificada

Jueves 10 de septiembre de 2020, por FASE CGT

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Quizá sea la huelga más atípica convocada por este sindicato. No reivindicamos que se terminen de revertir los recortes, ni reducción horaria, ni aumento de sueldo, ni temas pedagógicos...pedimos que se cumpla la ley.
La voluntad de negociar con la Administración y llegar a un acuerdo para que se cumpla la legislación nos ha llevado a convocar a la Adminsitración al SAMA,tribunal de arbitraje y mediación, con nulo resultado ya que la Admnistración ha mandado a dos personas sin capacidad de decisión ni negociación, mostrando así su nula voluntad de llegar a ningún acuerdo.

Estas son las cinco razones que nos llevan a convocar huelga el 18 de septiembre.

PUNTO 1
La semana del 1 de septiembre el profesorado empezó a trabajar en los centros sin haber recibido ni un solo material de protección: ni gel hidroalcohólico, ni mascarillas. El lunes 7 de septiembre, primer día de la incorporación al centro del alumnado de 1º de Educación InfantiI, había centros que aún seguían sin recibirlo, y muchos de ellos los recibieron el sábado a última hora. Varios centros que tuvieron la suerte de tenerlo el lunes nos comunicaron que el material era claramente insuficiente: escasez manifiesta tanto de mascarillas (que tienen uso limitado), como de hidrogel. Por ejemplo, el CPI Agustina de Aragón recibió un lote de mascarillas quirúrgicas que no cubre ni las necesidades de cuatro días. A fecha 7 de septiembre, no había llegado ninguno de los elementos de protección comprometidos al IES Avempace (Zaragoza), pese a que ya se había incorporado todo el personal docente. Hoy mismo, ha sucedido lo mismo en el IES Ítaca.Lo peor de todo es que no son casos esporádicos, sino que es situación recurrente. Como nos tiene acostumbrados la administración, la dotación de equipos de protección llega tarde, mal, y de manera insuficiente. En todos los casos, la inoperancia del Departamento tiene que verse suplida con el sobreesfuerzo económico de los centros, la generosidad de algunos ayuntamientos, y las aportaciones de los propios trabajadores y trabajadoras. La responsabilidad que tanto se exige a docentes y familias no se encuentra correspondida por el proceder de la propia administración.
Los equipos de protección son fundamentales para desarrollar el trabajo de forma segura. Tanto el personal docente y no docente, y especialmente el personal especialmente sensible (TES), debe ser dotado de mascarillas FFP 2, ya que son las únicas reconocidas por las autoridades sanitarias como EPI. #vueltasegura #PRL

PUNTO 2

El colectivo docente destaca por una clara vocación, pero no es especialista en temas médicos y no se encuentra capacitado para esas tareas. Del mismo modo, el profesorado no ha recibido formación alguna al respecto (de hecho, ni hemos recibido formación en Prevención de Riesgos Laborales). Por ello, la figura del coordinador COVID del centro de salud resulta insuficiente. Los centros deberían contar con personal sanitario cualificado para garantizar una atención inmediata y llevar a cabo de manera eficaz una labor de prevención de contagios en el aula. En este sentido, han sido numerosos los centros que han elevado quejas por la falta de apoyo por parte de la administración. A lo largo de la última semana han sido muchos los claustros que han aprobado unánimemente un escrito en el que, entre otras cuestiones, se denuncia la falta de información, la poca consideración hacia el colectivo docente, el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la necesidad de bajar las ratios.

PUNTO 3

La categoría de Trabajadores Especialmente Sensibles se refiere a trabajadores con patologías previas o condiciones de salud específicas, como embarazadas y mayores de sesenta años, y docentes con enfermedad cardiovascular -incluida hipertensión-, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa y obesidad mórbida (IMC>40). Un colectivo especialmente vulnerable.
Con este conjunto de docentes el tratamiento por parte de la administración constituye, literalmente, una ilegalidad. Tal y como se recoge en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debe garantizarse la protección de los trabajadores/as especialmente sensibles, para lo queo se les realizará una evaluación de riesgos tras la que, que en función de los aspectos que queden reflejados, permitirá adoptar las medidas necesarias. Además, la propia Ley establece que estas personas no serán empleadas en aquellos puestos de trabajo que pudieran poner en peligro su salud.
A día de hoy la administración tan sólo ha llevado a cabo una mínima parte de las evaluaciones solicitas por el personal que comunicó su situación de vulnerabilidad en junio. Vulnerando la legislación, el Departamento de Educación está obligando a estos Trabajadores Especialmente Vulnerables a acudir al centro de trabajo hasta que se le realice la evaluación de riesgos. Ante la incapacidad del Departamento a la hora de gestionar las evaluaciones de puestos de trabajo y aplicar la legislación relativa al personal vulnerable, desde CGT exigimos al Departamento que los y las TES no se incorporen al centro de trabajo hasta que no se les realice dicha evaluación y se les pueda adaptar el puesto de trabajo. En el caso de no poder adaptarlo, no deberían incorporarse.

PUNTO 4

Resulta obvio que la contratación de más profesorado permitiría el desdoble del alumnado y la consiguiente mejora de la calidad de la enseñanza, ya damnificada durante el período de confinamiento. Y del mismo modo, la reducción de ratios (recordemos que la propuesta inicial del Ministerio fue reducir a 15 alumnos), facilita implementar de manera más exitosa las medidas de prevención de la transmisión del COVID-19 y permite grupos más compactos y rastreables. En definitiva, una reducción de ratios limita las posibilidades de contagio, y no convierte a la escuela en foco de transmisión.
Pero pese al positivo impacto en el control de la pandemia que supone la reducción de ratios, el número de profesorado extra contratado por el Departamento es irrisorio. Trescientos cincuenta docentes en una plantilla de 15.000 no cubren ni de lejos las necesidades de los centros, más aún tras el paso de la pandemia. A esta circunstancia se añade el persistente problema de las elevadas ratios, en las que se incumple el acuerdo de ratios suscrito en 2015 entre el Departamento y los sindicatos (y, por cierto, firmado por el propio Felipe Faci cuando era Secretario General Técnico). En los colegios de la Zona de Zaragoza Sur, hay numerosas aulas con ratios por encima de 25 alumnos en Primaria. Pero estas ratios elevadas no son un problema exclusivo de Zaragoza capital. En el CEIP Augusta Bílbilis de Calatayud, hay aulas de 6º de Primaria con ratios de 26 alumnos, mientras que en aquellas que tienen menos de 20 alumnos, el Departamento ha decidido suprimir el personal auxiliar, incluyendo una auxiliar de Educación Especial, y pese a que el centro es de motóricos. Son ejemplos significativos, pero no excepcionales, que evidencian la política de humo que promociona Felipe Faci en discrepancia con la tozuda realidad.
Durante estas semanas están siendo numerosas las quejas de muchos centros que, pese a las promesas de Javier Lambán, siguen con ratios por encima de lo acordado -y publicitado-, y sin confirmación por parte del Departamento de que se vayan a reducir. Y es una cuestión que no sólo se reduce a Zaragoza y su área metropolitana, sino que afecta a otras localidades.
A esta irresponsable negativa a reducir las ratios, se suma la incompetencia del Departamento a la hora de proveer espacios escolares. Estas semanas hemos sido testigos de centros sin concluir, de aulas prefabricadas sin instalar, y de traslados de población escolar a otros centros -ya saturados- ante obras escolares sin concluir. Los casos más sangrantes son los de Zaragoza Sur, María de Huerva, o el Colegio Gil Tarín de La Muela. La falta de previsión, la indolencia, acaba convirtiéndose en improvisación

PUNTO 5

Como ya hemos aludido, el personal docente de Aragón vive una situación excepcionalmente anómala y que no encuentra parangón en otros sectores: la práctica totalidad de los puestos de trabajo están sin evaluar, tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. CGT lleva años reclamando que el Departamento se ajuste a la legalidad, pero de manera insistente si cabe, desde mayo de este año. Dentro de la complejidad de la situación, si el Departamento tuviera los puestos de trabajo convenientemente evaluados, hubiera sido mucho más sencillo responder a la actual situación de emergencia generada por la pandemia. Pero el Departamento no ha tenido voluntad para ello.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales también habla de formación. Pedimos que se debe establecer un plan de formación para que los y las trabajadoras conozcan todos los riesgos que conllevan los puestos de trabajo que ocupan y así facilitar la toma de medidas de precaución y seguridad más adecuadas. Exactamente tal y como sucede en todas las empresas. Y el Departamento nuevamente no tiene excusa: han tenido tiempo desde 1995.

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